El Gobierno Nacional deberá publicar el decreto por el cual definirá la actualización de las jubilaciones para el trimestre de septiembre a noviembre. A la espera de una nueva fórmula de reajuste que reemplace a la prevista por la suspendida Ley de Movilidad Previsional, la decisión del gobierno de Alberto Fernández es que los activos mínimos no pierden con la inflación.

Pero la discusión dentro del Gabinete Económico aún no está resuelta y la «tradición» indica que en los próximos 15 a 20 días se debe publicar el reajuste de haberes jubilatorios.

El problema es que cuando la referencia a la variación de precios y salarios en el trimestre anterior a los seis meses de aplicación se tornó ineficaz, como lo establece la regla práctica, surgieron severas limitaciones fiscales con la extensión de la cuarentena, por los recursos tributarios y el aumento de impuestos, el gasto social y sanitario, abriendo un nuevo escenario de incertidumbre sobre el factor de ajuste.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de La Nación, el sistema tiene 6,6 millones de beneficiarios y 9,8 millones de cotizantes; con este índice, explica el informe, solo se puede cubrir el 40% de la retribución media. Esto genera el problema crónico de la economía argentina: sale más de lo que entra, por lo que la definición tiene un gran contenido político.

Y como todo se define entre los distintos sectores que integran la coalición gubernamental porque si bien la medida es sacar la inflación del trimestre anterior, existe cierto grado de discrecionalidad al respecto, teniendo en cuenta que el aumento se define por decreto dado el límite impuesto por la aceleración del déficit fiscal.

Según fuentes que siguen de cerca la discusión, la visión para «frenar» la inflación es la que defiende el Palacio de Hacienda. Desde el equipo del ministro Martín Guzmán, ya anunciaron que la intención es que las pensiones se ajusten por el acumulado último trimestre del IPC Indec, esto es 1,5% en abril, 1,5% en mayo y 2,2% en junio, lo que significaría que de ser esta posición la que se introduce, el próximo ajuste previsional para el trimestre septiembre-noviembre sería del 5,3 por ciento.

Desde otro sector de gobierno, más concretamente de la Directiva de Anses María Fernanda Raverta, están invirtiendo en una fórmula donde una pensión no solo acompaña al costo de vida sino que también gana, para recuperar parte del terreno perdido el año pasado. La intención con los técnicos de la agencia es que el aumento tenga un piso del 7 por ciento.

Pero incluso si se introdujera la fórmula derivada del sector Raverta, que tiene un incremento de dos puntos porcentuales por encima de la inflación en el segundo trimestre, aún estaría por debajo del 10,6% que la Ley de Movilidad mostraría suspendida.

Este valor se deriva de la fórmula de movilidad suspendida que toma el trimestre del semestre anterior al ajuste, que se divide en el 70% de la variación del índice de precios al consumidor que fue del 8,83% y el 30% del incremento de la RIPTE que fue 14,72 por ciento. Aunque todavía se debate, hay un dato que de alguna manera marca el camino que la Casa Rosada podría definir.

En el Proyecto de Ley de Ampliación de Presupuesto 2020, se elevó la partida de seguridad social a $ 2,63 billones, 41% más que la implementada en 2019 ($ 1,87 billones), en línea con la inflación estimada por consultoras privadas de diciembre a diciembre.

“La realidad es que hay expectativas dado que hay un proyecto de Raverta que no está funcionando muy bien, ya que estipula que se deben hacer ajustes a las pensiones en cuanto al crecimiento del PIB y la recaudación de impuestos. La movilidad debe garantizar la capacidad de compra de haberes y en un contexto de disminución de la recaudación, esto no sería posible”, explicó Andrea Falcone, abogada previsionalista.

Falcone advirtió, entendiendo que los jubilados no podrán recuperar parte de lo que ya perdieron, que la actualización debe tomar en cuenta la «razonabilidad» de la pérdida, de lo contrario habrá una nueva cascada de juicios, como es usual con los reclamos de haberes impagos de jubilados. «Si la brecha es menor al 4%, ningún juez le prestará atención, pero si es mayor, volveremos a ver una catarata de juicios».

Por si acaso, la especialista recomienda: “los jubilados de la mínima acumulan un deterioro del 4% en términos, pero los del máximo ya perdieron el 14%, yo misma tengo una cantidad enorme de demandas por este tema”.

En el gobierno, afirman que la pérdida de ingresos por la derogación de la Ley de Movilidad fue más que compensada por el congelamiento de precios en la canasta de medicamentos.

Otro punto que se está discutiendo es que no pasa desapercibido para los abogados de jubilados que «el gobierno tomó la decisión política de impulsar e incrementar el capital de trabajo para incluir un sector en la sociedad entregándolo al IFE pero continuando el ajuste al jubilado».